El 22 de diciembre de 1997, el grupo paramilitar priísta Mascara Roja asesinó a algunos indígenas tzotziles refugiados, en su mayoría mujeres y niños, en la comunidad de Acteal, municipio de San Pedro de Chenalhó, en el territorio rebelde en Chiapas, México. Los al rededor de 60 atacantes, que todos contaban con armas de fuego y algunos, además, armas blancas, abrieron fuego en contra de los refugiados que se encontraban orando. La mayoría de las armas largas eran del modelo AK-47, calibre 7.62 x 39. Tambien contaban con las M-16 de uso militar. Las armas cortas o pistolas eran de modelo escuadra, calibre 22 largo rifle. El comando paramilitar que realizó la masacre se movilizó en vehículos propiedad de la presidencia municipal priísta de Chenalhó y de particulares. Todos los miembros del grupo agresor portaban uniformes de color oscuro. Los vehículos, así como el armamento, uniformes y equipos de los agresores se obtuvieron con dinero proveniente del gobierno federal bajo la presiencia del gris Zedillo. En concreto, de la Secretaría de Desarrollo Social. Los paramilitares remataron a los heridos que encontraron y a las mujeres embarazadas les abrieron el vientre con machete. Terminado el ataque, agentes de la policía de Seguridad Pública del estado de Chiapas se dieron a la tarea de recoger los cadáveres y «desaparecerlos» dentro de una cueva y en el fondo de un barranco. La matanza duró más de 7 horas y se realizó a tan sólo 200 metros de un retén policial.

El 22 de diciembre al mediodía, cuando apenas se iniciaba el ataque, bases de apoyo zapatistas escucharon las primeras detonaciones y se comunicaron a la CONAI para informarle de lo que estaba ocurriendo. La CONAI dió aviso al gobierno del estado. A las 12 horas del 22 de diciembre el gobierno del estado recibió la denuncia de la CONAI. A las 19 horas el aviso se repitió. El gobierno del estado dijo entonces que todo estaba "bajo control".

En campamenos de Acteal vivían algunos de los miles de desplazados de otras comunidades indígenas de Chenalhó. Se encontraban ahí refugiados para protegerse de las agresiones de bandas paramilitares que tomaban por asalto las comunidades que no eran «gobiernistas».

De acuerdo a transmisiones radiales del Gobierno de Chiapas (interceptadas por el EZLN), en las inmediaciones de Acteal y al tiempo que se realizaba la masacre, policías de seguridad pública del estado de Chiapas respaldaron la agresión y, en horas de la tarde y noche, se dedicaron a recoger cadáveres para ocultar la magnitud de la matanza. Los señores Homero Tovilla Cristinani y Uriel Jarquin (Secretario y Subsecretario del Gobierno de Chiapas respectivamente), comisionaron a la policía para respaldar este crimen. El señor Julio Cesar Ruíz Ferro estuvo continuamente informado del desarrollo del "operativo" (cuando menos desde las 12 horas del día 22 de diciembre, cuando la matanza llevaba ya una hora). Aprobado por los gobiernos federal y estatal, el ataque se afinó el día 21 de diciembre en una reunión de paramilitares (dirigida por el Señor Jacinto Arias, presidente municipal priista) de las comunidades Los Chorros, Puebla, a la Esperanza y Quextic, todas éstas del municipio de Chenalhó.

La masacre de Acteal fue una matanza y no una confrontación, como alegan algunos "lava culos del gobierno", y fue realizada con alevosía, premeditación y ventaja. El móvil fué político, militar, social y económico. Mandar por ese medio, y en ese entonces, un mensaje intimidatorio y represivo.

Los detenidos por aquella masacre no son sino piezas menores de la enorme, complicada y sangrienta máquina de guerra contra las demandas de los pueblos indios de México. Caciques que pretenden mantener sumisos y empobrecidos a los indigenas para enriquecese a costa de ellos.



LA INDIGNACIÓN.

Sus muertes fueron: con el apoyo del gobierno federal, por los grupos paramilitares (que abundan en mi pais), y bajo el silencio de los medios que ya no comunican. Y suma indignación la cacareada investigación de ese Aguilar Camín, escritor-periodista, que entre sus estupideces recientes, debo añadir la de pretender culpar a los indigenas muertos de haber iniciado el enfrentamiento.

Indigna también que el ex coordinador de la Policía estatal, Jorge Gamboa Solís, y el ex director de la Policía de Seguridad Pública estatal, José Luis Rodríguez Orozco, aun no sean detenidos cuando existen ordenes de aprehensión contra ellos.



EL RECUERDO.

NO dejaremos de recordar ese evento terrible que puso a la luz lo que ha pasado "en lo oscurito" desde mucho antes. ACTEAL lo recordaremos siempre, reclamando justicia y exigiendo que la verdad se de a conocer.